El representante a la Cámara por Antioquia y primer vicepresidente de esa corporación, Simón Molina, expresó su respaldo al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de establecer un protocolo nacional de actuación para diferenciar las protestas pacíficas de situaciones en las que se registren hechos de violencia o alteraciones del orden público. El anuncio presidencial fue conocido el 14 de septiembre.

Molina sostuvo que el derecho a la manifestación debe contar con garantías, pero señaló que las autoridades deben intervenir cuando se presenten conductas violentas.

«Protestar pacíficamente es un derecho y debe tener todas las garantías. Pero destruir, atacar a la Policía, bloquear servicios esenciales o usar un campus para preparar violencia no es protesta. Ahí tiene que actuar el Estado», afirmó el congresista.

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El pronunciamiento se produce después de que De la Espriella anunciara instrucciones para diseñar un protocolo nacional que determine la actuación de las autoridades ante protestas y hechos violentos, con especial atención a situaciones que puedan presentarse en universidades públicas.

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Molina, quien representa a Antioquia por el movimiento Creemos y ocupa la Primera Vicepresidencia de la Cámara durante el periodo legislativo 2026-2027, aseguró que estos planteamientos coinciden con una iniciativa legislativa que viene promoviendo. La Cámara confirma que el congresista ejerce actualmente ese cargo y hace parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente.

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Según el representante, su propuesta parte de priorizar el diálogo y proteger a quienes participan pacíficamente en las manifestaciones, al tiempo que plantea individualizar a las personas que cometan actos violentos y permitir la actuación de las autoridades frente a hechos graves.

«La autonomía universitaria no puede convertirse en patente de impunidad. La universidad es para estudiar, debatir y protestar pacíficamente, no para delinquir», manifestó Molina.

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