La reciente decisión del Consejo de Estado de restringir la operación aérea en Guatapé generó una alerta inmediata entre los prestadores del servicio turístico de la zona, quienes advierten que la medida judicial trasciende el ámbito local y amenaza la estabilidad de las terminales aéreas en Colombia.

El fallo, que protege los derechos colectivos a la tranquilidad y al ambiente sano, ordena el cierre del helipuerto del centro turístico La Piedra y otorga un plazo de seis meses para el traslado de las operaciones del helipuerto del hotel Los Recuerdos. Sin embargo, los directores de las empresas Helisky y Helitours aseguran que la sentencia se fundamenta en pruebas de 2021, omitiendo la regulación y certificación técnica obtenida en 2024 ante la Aeronáutica Civil.

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Juan Esteban Posada, director de Helisky, explicó que la sentencia desconoce la evolución operativa de los últimos cuatro años, periodo en el cual el helipuerto de La Piedra figura como aeródromo certificado oficialmente. Según el directivo, la determinación del alto tribunal de unificar jurisprudencia sobre el impacto auditivo podría facultar demandas similares contra aeropuertos ubicados en zonas urbanas, como El Dorado en Bogotá o el José María Córdova en Rionegro.

«Esto dejó una puerta abierta grandísima (…), esto permite que por ese lado van a tener que cerrar El Dorado o el José María Córdova. No es simplemente que cerraron un helipuerto, están abriendo la puerta para acabar con la aviación en Colombia», afirmó Posada.

La controversia técnica se centra en la medición del ruido. Los empresarios sostienen que las mediciones aplican metodologías diseñadas para fuentes fijas, equiparando las aeronaves a establecimientos comerciales, en lugar de utilizar protocolos para fuentes móviles. Las compañías indican que invirtieron en tecnología alemana para monitorear sus emisiones y adoptaron un esquema de autorregulación único, limitando los vuelos a la franja entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m. Pese a estos esfuerzos, el fallo de segunda instancia mantiene las restricciones.

Por su parte, Diego Marín, gerente de Helitours, resaltó la contradicción entre la promoción del turismo por parte del Gobierno nacional y las decisiones judiciales que frenan la actividad. Marín señaló que el sector genera empleos para más de 1000 familias y dinamiza la economía de un municipio donde el turismo representa el 92 % del PIB.

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Además, los directivos destacaron el rol social de la flota como recurso de apoyo en emergencias, citando el traslado de pacientes durante el accidente de un camión de gas en San Rafael y la capacitación a organismos de socorro. Ante la imposibilidad de apelar, las empresas evalúan con ingenieros acústicos la mitigación del sonido en las zonas de despegue y buscan establecer mesas de diálogo con la Alcaldía para definir el futuro de la operación.