La Contraloría de Antioquia inició una actuación especial de fiscalización sobre 21 empresas de desarrollo urbano que operan en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del departamento. El proceso tiene como finalidad evaluar el uso de los recursos públicos, la sostenibilidad financiera de estas entidades y la relación costo-beneficio de su gestión.

El contralor departamental Juan Carlos Herrera explicó que la actuación se concentrará en verificar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la ejecución de los recursos.

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«Hemos dado inicio a nuestra segunda actuación especial de fiscalización. Pondremos el foco sobre 21 empresas de desarrollo urbano de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, con el fin de determinar si se están respetando los principios de economía, eficacia y eficiencia y si existe una relación costo-beneficio en la utilización de los recursos públicos», señaló Herrera.

La revisión hace parte del universo de 119 entidades territoriales que se encuentran bajo la vigilancia fiscal de la Contraloría de Antioquia. De acuerdo con el organismo de control, el análisis permitirá establecer si la gestión de estas empresas se ajusta a los criterios establecidos o si es necesario realizar llamados de atención a las entidades evaluadas.

Según el documento oficial, la actuación especial está orientada a analizar la eficiencia y la sostenibilidad financiera de las empresas de desarrollo urbano, como parte de las funciones de control fiscal dirigidas al seguimiento del manejo de los recursos públicos en los territorios.

Los municipios objeto de la actuación especial de fiscalización son los siguientes:

Municipio	Categoría
El Bagre	6.ª
Vegachí	6.ª
Donmatías	6.ª
Santa Rosa de Osos	5.ª
Yarumal	5.ª
Buriticá	6.ª
Santa Fe de Antioquia	5.ª
Sopetrán	6.ª
El Peñol	6.ª
La Unión	6.ª
Marinilla	4.ª
San Carlos	6.ª
Andes	6.ª
Támesis	6.ª
Carepa	6.ª
Murindó	6.ª
Mutatá	6.ª
Necoclí	6.ª
San Juan de Urabá	6.ª
Turbo	4.ª
Remedios	6.ª

La Contraloría General de Antioquia indicó que esta corresponde a la segunda actuación especial de fiscalización adelantada en el departamento y que los resultados servirán como insumo para el seguimiento institucional y la toma de decisiones en materia de control fiscal territorial.

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